PREVENIR CONFLICTOS JUDICIALES.

LA IMPORTANCIA DE ANTICIPARSE A LOS RIESGOS LEGALES EN EL CONTEXTO DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MÉXICO.

En otras entregas de nuestra sección de blogs, he hablado de las preocupaciones entorno a la reforma judicial y sus implicaciones en todos los sectores de la sociedad. Hoy México atraviesa una coyuntura política y judicial que ya está generando un panorama de creciente incertidumbre para los empresarios y los ciudadanos en general. La reciente reforma judicial está provocando en el día a día una serie de cambios que están transformando las reglas del juego en el sistema judicial del país, comenzando por la inobservancia de las resoluciones por parte de otras autoridades tanto de distintos poderes como de los tres órdenes de gobierno y una de las principales preocupaciones se centra particularmente en lo que respecta a los procedimientos penales y las medidas cautelares, como la prisión preventiva oficiosa.

Uno de los mayores temores que acecha a quienes enfrentan una investigación penal es la posibilidad de ser sujetos a la prisión preventiva oficiosa. Esta medida, que se implementa en determinados casos, puede ser aplicada incluso antes de que se dicte una sentencia definitiva, lo que ha generado serias discusiones legales sobre su legalidad e inconvencionalidad.

Es importante comprender que en sentencia del siete de noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Tzompaxtle Tecpile y Otros vs. México, reconoció parcialmente la responsabilidad internacional por parte del Estado Mexicano por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó como vulnerados. En dicha sentencia, la Corte explica cómo dos medidas importantes como lo son el arraigo y la prisión preventiva, han sido parte de la legislación mexicana y cómo han evolucionado con el tiempo y por qué se considera que atentan contra los Derechos Humanos.

• Por un lado, la Corte analiza el arraigo, que fue una medida que empezó a practicarse desde 1996 y que permitió que una persona fuera detenida sin ser juzgada mientras se investigaba si había cometido un delito. Esta figura fue reformada en 2008 para dar más claridad y regulaciones a su uso, pero siempre mantuvo un carácter contrario a los derechos humanos.

• Por otra parte, la prisión preventiva, que originalmente estaba regulada desde 1999, se volvió más automática en 2011, en el sentido de que, para ciertos delitos graves, las personas podían ser encarceladas de manera obligatoria, sin necesidad de un juicio previo.

• En 2011, con las reformas constitucionales, se introdujo la prisión preventiva oficiosa, lo que significa que, para ciertos delitos graves (como homicidio, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada), una persona acusada de esos crímenes podría ser detenida de manera automática, sin necesidad de que un juez evaluara cada caso individualmente. Este cambio fue una respuesta a la creciente preocupación por la inseguridad y la delincuencia organizada en México y la necesidad de asegurar que los acusados de delitos graves estuvieran presos durante el juicio.

Por su parte, con la sentencia en el expediente 293/2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, entre otras cosas, que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para todas las autoridades jurisdiccionales y amplió la esfera de protección de los Derechos Humanos de los particulares, lo que dio paso a una reforma constitucional y a la de amparo.

Cabe precisar que fue ese mismo año que se realizó una reforma judicial de gran calado en materia de Derechos humanos que dio paso a la Décima Época Judicial del Poder Judicial de la Federación y provocó, en 2013, la promulgación de una Nueva Ley de Amparo; esto debido a sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente “varios 912/2010”.

Recientemente y derivado de oleada de reformas constitucionales publicadas en septiembre de 2024, se amplió el catálogo de delitos a los que debe aplicarse esta medida cautelar, permitiendo (al menos en lo que al texto constitucional se refiere) aplicar la prisión preventiva oficiosa en aquellos delitos como el “contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales”.

Ahora bien, a pesar de que esta figura es considerada inconvencional por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su uso sigue siendo una práctica común en nuestro sistema judicial. Esto genera un riesgo significativo a prácticamente cualquier persona ya que, con esta medida las personas quedarían privadas de su libertad durante largos periodos de tiempo sin contar con una sentencia en firme y, como se mencionó antes, esto incluye aquellos delitos de carácter fiscal que las autoridades deseen perseguir penalmente.

En este contexto, hoy más que nunca será fundamental para los empresarios y profesionales anticiparse a los riesgos que puedan poner en peligro su libertad y estabilidad, siendo la prevención la mejor estrategia para evitar caer en situaciones de riesgo, ya que, en los próximos años resultará muy poco conveniente contender en procesos legales contra determinadas resoluciones de las autoridades tributarias, principalmente aquellas que tienen que ver con la emisión de comprobantes fiscales sin el sustento documental pertinente.

Lo anterior no supone la simple elaboración de un contrato y que en muchos casos incluso hasta se realizan con fechas retroactivas; se deberán adoptar medidas proactivas, como la implementación de un sistema de compliance robusto, lo que puede ser la diferencia entre evitar una acusación o enfrentar un proceso legal largo, complejo y costoso que afecte la vida e incluso hasta el patrimonio personal de los empresarios y/o de los emprendedores.

LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN LEGAL EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE.

La situación actual exige una reflexión profunda sobre la forma en que hasta ahora se manejan las empresas en México, en su mayoría empresas familiares y pone en el centro del debate el gran reto para las Pymes en México de profesionalización y sofisticación de sus empresas, destacando la importancia de la prevención en el ámbito legal, pues vivir en un entorno de creciente complejidad judicial y política como la que estamos atravesando, hace que cualquier empresa, grande o pequeña, esté expuesta a ser involucrada en situaciones legales inesperadas; y si bien las reformas legales y constitucionales pueden, en algunos casos, generar oportunidades, lo cierto es que también presentan riesgos que no se pueden pasar por alto.

CONCLUSIÓN.

En el contexto actual de incertidumbre política y judicial que atraviesa México, es imperativo que tanto empresarios como ciudadanos asuman una postura estratégica y preventiva frente a los riesgos legales que pueden comprometer su estabilidad patrimonial y su libertad personal. La crisis, lejos de ser solo un desafío, debe ser vista como una oportunidad para reforzar los mecanismos de defensa ante posibles cambios legislativos y judiciales que puedan poner en riesgo los intereses de los contribuyentes.

En este escenario, la adopción de una cultura de compliance fiscal se revela no solo como una obligación legal, sino como un pilar fundamental para la protección de los activos y la seguridad jurídica de las personas físicas y morales. La asesoría especializada y la implementación de controles fiscales adecuados permiten no solo mitigar los riesgos derivados de posibles irregularidades fiscales, sino también evitar situaciones críticas que puedan derivar en sanciones severas, incluyendo la prisión preventiva, que en la actualidad se aplica con creciente frecuencia.

Así, la proactividad y la anticipación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales no son una opción, sino una necesidad estratégica. Los empresarios deben ser conscientes de que la negligencia o el desinterés en este ámbito pueden tener consecuencias irreversibles, que van mucho más allá de lo económico, y que pueden comprometer su integridad personal y la de sus colaboradores. En definitiva, el compliance fiscal es una herramienta que debe considerarse integral en la gestión empresarial y personal, pues su correcta implementación no solo previene conflictos legales, sino que asegura la estabilidad y continuidad de las operaciones en un entorno jurídico cada vez más exigente.

Por Juan Carlos León Treviño.

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Publicado por CRL Consultores

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