La cultura de la Legalidad en México.

Al hablar de una cultura de legalidad, resulta importante comprender, en principio, el concepto de legalidad comenzando por encontrar una definición objetiva; así Roy Godson la define como “el conjunto de valores, creencias, costumbres y conductas colectivas que permiten al promedio de una sociedad percibir la vida bajo un sistema que garantice la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y que es conveniente para sus intereses, su progreso y para el mejoramiento de su calidad de vida”, mientras que otros autores como Nelia Tello y Romero Reyes conciben la cultura de la legalidad como una aspiración que consideramos indispensable para el desarrollo de nuevas prácticas de convivencia social que fortalezcan la cohesión social en una sociedad más segura y equitativa.

Con base en lo anterior, podemos definir la cultura de la legalidad como una forma en que los miembros de la sociedad se relacionan entre sí de manera pacífica y armónica atendiendo a un marco normativo determinado. Esto es lo que llamamos EL CONTRATO SOCIAL.

Asimismo, sabemos que para que la democracia pueda consolidarse como sistema de gobierno, es necesario que la sociedad respete las leyes establecidas dentro de este marco normativo, de lo contrario, es indudable que esta convivencia social pacífica y armónica quedaría relegada a un simple ideal imposible de materializarse. De esta forma, la cultura de la legalidad contribuye en gran medida al fortalecimiento del Estado de Derecho, ya que es la base del pleno ejercicio de derechos, SIN OLVIDAR la enorme importancia que tiene el cumplimiento de nuestras obligaciones, ya que también forma parte fundamental del CONTRATO SOCIAL, pues el respeto a los derechos de terceros y el cumplimiento de nuestras obligaciones, conforman esta cohesión social que se traduce en la convivencia pacífica para vivir y convivir en sociedad.

Por su parte, la reforma judicial de 2008 ha marcado un parte aguas de enorme importancia en el sistema de justicia mexicano y una de las principales demandas de la sociedad es no solo la atención al tema de la inseguridad sino la correcta forma de abordar este delicado tema, al cual se encuentra ligado el de impartición de justicia pues resulta lógico que sin un sistema de justicia adecuado, no se puede pensar en contribuir a mejorar los índices de seguridad y de confianza de la sociedad en las instituciones públicas, principalmente las de administración e impartición de justicia.

No es casualidad que un elemento sustancial a la reforma judicial y la impartición de justicia, haya sido la cultura de la legalidad, ya que cualquier sistema de justicia es perfectible, siendo su debilidad el que las personas no estén dispuestas a respetar y en esa misma medida, la ILEGALIDAD seguirá reproduciéndose al grado de dinamitar e incluso anular cualquier avance que pudiera hacerse.

Desde luego, para que las instituciones en nuestro país funcionen de forma efectiva, toda su estructura normativa, sus funciones y procedimientos, deben estar basados en las leyes (artículo 16 de la Constitución vigente); de esta manera, cuando una ley funciona, se hace extensiva a los ámbitos públicos y privados en la lógica de que se pueda dar una convivencia social armónica libre y con pleno ejerció de derechos, en particular el ejercicio y respeto a los derechos humanos y para ello se requiere de una ciudadanía ubicada en un rol activo frente a los problemas y que no se limiten a esperar una solución por parte del gobierno; es decir, se requiere una sociedad más participativa.

De acuerdo con la “Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado”, es claro (y en cierto modo preocupante) el poco apego de los mexicanos por el respeto a las leyes, ya que poco más del 50% se encontraría en el supuesto de no seguir una norma si la considera injusta.

De este modo, de no generarse un apego a la ley y la cultura de la legalidad por parte de la sociedad por un lado, y una correcta capacidad de diálogo por parte del Estado por el otro, la desconfianza en las instituciones seguirá siendo una constante, sobre todo en las encargadas de la impartición de justicia.

Es clara la urgente necesidad en nuestro país por una acelerada cultura a la legalidad como parte esencial para lograr un verdadero Estado de Derecho, pues por un lado, es de la propia sociedad la base de la existencia de la autoridad; es decir, de donde emanan los individuos que en algún momento conforman las diferentes posiciones burocráticas del estado, quienes, siendo parte de la misma sociedad, no están exentos de aquella tendencia a no respetar las leyes o normas de derecho que les puedan parecer INJUSTAS. ¿Es esta la clase de autoridades y sociedad que queremos?

Es una realidad que de NO existir un apego a la cultura de la legalidad por parte de toda la ciudadanía, estaría en peligro la estabilidad del Estado y la gobernabilidad, pero el reconocimiento de la ley por parte de la ciudadanía, implica también conformidad en el poder delegado (artículo 49 de la Constitución) para fortalecer así la representatividad y el ejercicio de la democracia.

A todo lo anterior, se puede sumar un elemento fundamental que es que la actividad del Estado no debe privilegiar o usar de manera excesiva el uso de la fuerza pública como forma de control represiva y principalmente para mantener el orden social, pues esta forma de control del orden social es indicio de incapacidad institucional para la resolución de conflictos, tanto en los temas más simples como en aquellos más complejos.

El uso de la fuerza pública siempre ha generado grandes controversias y ha sido ampliamente debatido en distintos foros tanto nacionales como internacionales pues resulta, por demás un tema muy polémico; sin embargo, el uso sistemático de la fuerza represiva del estado como forma de control social a pesar de que se logre el restablecimiento del orden, sería un síntoma inequívoco de que el Estado habría fallado en el uso de otros métodos disuasivos o, en los casos de delitos graves y de mayor impacto el uso de los medios de inteligencia (sistemas informáticos y financieros) para lograr la satisfacción de las demandas de la población.

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Publicado por CRL Consultores

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